Reportaje

 EL INFIERNO EN EL CONGO

La  rebelión que empezó en 1996, liderada por Laurent  Kabila, padre del actual presidente del país, Joseph Kabila, consiguió derrocar  al mariscal Mobutu, en el poder desde 1965. Una guerra para intentar traer la democracia al país, donde esta esperanza de cambio se truncó rápidamente y se convirtió en una mera sustitución de élites. Esta rebelión, tachada de guerra civil a pesar de la participación de los Ejércitos de Ruanda y Uganda con el apoyo de EEUU y Reino Unido, pretendía además desmantelar los campos de refugiados del genocidio ruandés de 1994, desde donde se estaban reorganizando miembros del antiguo gobierno y ejército ruandeses para recuperar el poder perdido. El sentimiento de culpa por no haber evitado el genocidio pesaba en las cancillerías occidentales y dio alas a Kagame, el nuevo presidente ruandés y antiguo rebelde amigo de Uganda y de EEUU. Esta rebelión de Kabila fue el punto de partida de la llamada Guerra Mundial Africana, en la que participaron nueve países (Uganda, Burundi y Ruanda de un lado; y Angola, Chad, Namibia, Zimbabue y Libia del lado de la RD Congo) y cuyas víctimas mortales se estiman en millones: violencia sexual como arma de guerra, actos de genocidio e impunidad generalizada, una profunda crisis humanitaria y millones de personas desplazadas y refugiadas –que por cierto, fueron acogidos por sus vecinos sin trabas ni cuotas.

En este complejo contexto, olvidado a menudo por los medios de comunicación, la maldición de los recursos, es decir, la expoliación de los abundantes recursos naturales, entre ellos el coltán, ha contribuido a la perpetuación de la guerra en la RDC, que sitúa sus raíces en las tinieblas de Joseph Conrad, cuando empezó el saqueo belga de esta parte del continente africano en el siglo XIX. En este negocio han participado las Fuerzas Armadas congoleñas, grupos armados locales y extranjeros, empresas locales, varios países vecinos y multinacionales occidentales y asiáticas, según señaló Naciones Unidas. Es la misma Naciones Unidas la que en ese momento afirmaba que la explotación era sistemática y sistémica y que los cárteles tenían ramificaciones por todo el mundo. Remarcaba que numerosas empresas habían participado en la guerra y la habían fomentado directamente, intercambiando armas por recursos naturales, y otras habían facilitado el acceso a los recursos financieros para comprar armas, y añadía que los donantes bilaterales y multilaterales habían adoptado actitudes muy diversas frente a los gobiernos implicados. Pocas cosas han cambiado desde 2001. Nadie está en prisión por estos hechos, 15 años después, y las recientes leyes o las diversas propuestas de iniciativas en EEUU y en la UE sobre diligencia debida, cadenas de suministro seguras y certificación de los minerales, etc., no atacan las causas de fondo y pueden ser dribladas por las grandes empresas del sector.